Los Servicios Profesionales Colectivos.

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Los Servicios Profesionales Colectivos

Por Jesús Guillemo Andrade.

Tomando en cuenta la importancia social que implica el ejercicio de algunas actividades en la sociedad, el Legislador ha tendido a establecer algunos marcos regulatorios que tienden a la protección de los derechos de la colectividad ante los riesgos que dimanan de los actos profesionales no supervisados. De esta forma se explica la existencia de regímenes específicos e instituciones especiales (colegios profesionales, federaciones etc.) destinadas a vigilar y/o regular el estudio y ejercicio de diversas profesiones, disponiendo condiciones para su validez y reconocimiento ante las autoridades nacionales.
La abogacía se manifiesta como un conjunto de operaciones en las cuales el profesional ofrece el concurso de su cultura y técnica para aplicarlas en la defensa de su cliente, imponiendo el estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia (Vid. Mélich Orsini, José; La Responsabilidad Civil del Abogado, en Revista de Derecho, Ediciones Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2000, pp. 42 y sigs.). Dentro de este contexto, el abogado no se libera de su responsabilidad profesional ni siquiera a través de pactos contractuales, debido a la cualidad pública del interés que tiene el Legislador para garantizar un ejercicio justo y adecuado de este tipo de servicios.

1. El Ejercicio Individual y la Intimación.
Como actividad liberal, la profesión jurídica no está libre de los requerimientos impuestos a otras dedicaciones de similar naturaleza (medicina, contaduría etc.) para su ejercicio. En efecto, la Ley de Abogados vigente reconoce el ejercicio profesional del derecho como una serie de actuaciones dentro del marco de la abogacía, que pueden ser realizadas tanto de forma individual como a través de una organización colectiva (despacho o escritorio jurídico) (Op. Cit. El Ejercicio de la Abogacía dentro de un Despacho Colectivo, pp. 759 y sigs.).
Tradicionalmente la noción de honorarios de abogado corresponde a la idea del trabajo individual, en el que el profesional asume la responsabilidad directa de su cliente para la ejecución de actos de representación judicial o extrajudicial a cambio, claro está, de una ganancia o contraprestación. Cuando existe conflicto entre el cliente y su abogado, a menos que la ley disponga otra cosa, debe utilizarse el procedimiento de intimación de honorarios, todo en consonancia con el criterio pacífico de nuestro máximo tribunal, razón por la cual preferimos citar, a modo ilustrativo, parte de fallo de fecha 24 de marzo de 2003 de la Sala de Casación Civil (Nº 016), en la cual se expuso:
“El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda”
(los destacados son nuestros)

Lo anterior presupone la existencia de una relación directa entre abogado y cliente, en el marco del ejercicio individual del derecho, en cuyo caso la Ley obliga al uso de la intimación como acción sustancial para dicha reclamación y el procedimiento breve como medios para resolver las diferencias surgidas entre ambas partes. No obstante, según comprobaremos infra, esta forma de trabajo liberal no es la única permisible ni posible en la legislación venezolana.
3.2.2 El Ejercicio de la Abogacía.
Las previsiones de la Ley de Abogados caracterizan siempre al ejercicio del derecho como una actividad que puede manifestarse bajo dos modalidades principales de la relación cliente-abogado:
I.- Ejercicio Individual: Que normalmente se observa involucrando tareas de asesoría y práctica forense a favor de cada cliente de forma individual y personalizada. Como contraprestación de estos servicios, el practicante del derecho adquiere el derecho de reclamar de su cliente los honorarios debidos. Esta forma de ejercicio puede ocurrir bajo una relación de dependencia o subordinación o sin ella. Cuando existe relación de dependencia o subordinación Esta forma de ejercicio constriñe la libertad profesional fuera de los límites del contrato de trabajo (Ej. abogados internos de empresas, instituciones bancarias etc.). La contraprestación que recibe el profesional en estos casos se materializa en el salario.
II.- Ejercicio Colectivo: Consistente en la realización de actividades de abogacía bajo relaciones contractuales que implican la participación de dos (2) o más profesionales del derecho, con dos (2) modalidades distintas:
i) No Formal. Significando la preexistencia de una relación de dependencia y subordinación directa entre el profesional del derecho y su cliente en el contexto de una organización sin personalidad jurídica (escritorio jurídico o despacho de abogados) en los términos previstos por la Ley de Abogados. Esta es la forma más común de ejercicio profesional colectivo, rigiéndose normalmente por las limitaciones previstas en instrumentos poderes y contratos de honorarios en los que se designa a cada abogado de manera individual.
ii) Formal. Esta modalidad del ejercicio de la profesión jurídica se manifiesta a través de una organización social (con forma jurídica) por cuya virtud los abogados que prestan su concurso en la realización de los actos propios del derecho lo hacen bajo la dirección de la persona social a la que pertenecen, sin sostener relaciones directas con el cliente o receptor de sus servicios para la determinación de los límites de su ejercicio. En este supuesto, el cliente paga los servicios al Despacho o Escritorio Jurídico con quien contrató inicialmente.
Estas formas de expresión colectiva de la práctica del derecho (y especialmente la última de las nombradas), han obedecido a la innegable realidad del crecimiento y ramificación extensiva de la ciencia jurídica, circunstancia que hace mucho más difícil ofrecer los servicios de la abogacía (tomada aisladamente) en forma competitiva dentro del mercado moderno, sin el apoyo de una organización profesional que aúne los esfuerzos de cada individuo y los releve de la tarea de acceder de manera separada y aislada al mercado de clientes. Esta forma de ejercicio se encuentra reconocida por la legislación venezolana y está apoyada en los criterios de nuestro Máximo Tribunal, según hemos antes indicado.
2. La Delegación.
La evidente libertad de contratación que se manifiesta en las profesiones liberales (arquitectura, medicina, derecho) ha permitido a sus practicantes la posibilidad de dedicarse a su trabajo bajo muchas modalidades: relación de trabajo, sociedad etc., sin ningún tipo de limitación en cuanto a las vinculaciones documentales que pueda sostener con terceros. No sorprende, por tanto, la proliferación de las denominadas relaciones triangulares en el ejercicio del derecho, en las cuales el profesional ejecuta su actividad en exclusivo beneficio de un receptor que ha contratado directamente con otra persona.
Con respecto a esta forma de contratación, Alonso Pérez las ha caracterizado por la concurrencia de tres posiciones subjetivas: la del que se compromete mediante contrato a proporcionar el servicio, la del que efectivamente realiza la tarea, y por último, la del receptor del servicio (Alonso Pérez, María Teresa; Los Contratos de Servicio de Abogados, Médicos y Arquitectos, Ed. José María Bosch, Barcelona, 1997, p. 173 y sigs.). Tal forma de relación jurídica ha sido clasificada en el derecho comparado y en el venezolano bajo la categoría de DELEGACIÓN, figura que constituye una forma autónoma de transferencia de obligaciones, distinta de la novación, que el Código Civil define en su artículo 1317:

La delegación por la cual un deudor designa al acreedor otro deudor, el cual se obliga hacia el acreedor…

Se entiende a la delegación como la transferencia que hace el delegante (A) de la condición de deudor que él tiene, o que se propone asumir frente a un tercero al que se denomina delegatario (C), a un delegado (B) quien, al aceptar la transferencia, se convierte en deudor del delegatario (C). En relación a esta terminología nos permitimos citar uno de los más recientes trabajos del profesor Melich Orsini en el cual comenta que la mayor parte de los autores, sobre todo los más modernos, convienen en indicar en todo caso con el término de ‘delegado’ aquel que deberá efectuar la prestación y con el término de ‘delegatario’ a aquel a quien debe ser hecha, sea que se trate de una delegación pasiva, sea que se trate de una delegación activa, quedando firme el término de ‘delegante’ para el sujeto que toma la iniciativa de la delegación (Vid. Orsini, José Melich; Modos de Extinción de las Obligaciones-Serie Estudios, Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas, Caracas, 2004, p. 25 y sigs.).
En la modalidad de ejercicio colectivo de la abogacía, la titularidad de la responsabilidad del ejercicio de las actividades contratadas recae exclusivamente en la persona colectiva que agrupa a los abogados. Es ésta persona colectiva (con forma jurídica o sin ella) quien contrata y cotiza sus servicios con el objeto de incrementar su patrimonio social de manera independiente y separada de la de sus miembros o asociados, mediante la producción de ganancias o utilidades. Se infiere en consecuencia, que las condiciones de contratación entre el despacho colectivo y el cliente deben ser necesariamente distintas y separables de aquéllas que el escritorio jurídico concierta con los abogados bajo su dirección.
Siguiendo en este punto Melich Orsini (Op. Cit. El Ejercicio de la Abogacía dentro de un Despacho Colectivo, pp. 774), puede afirmarse que la operación jurídica triangular en que consiste la delegación contiene tres (3) contratos y relaciones jurídicas totalmente independientes entre sí:
a) El contrato entre el despacho (DELEGANTE) y el/los abogado/s dependientes de dicha organización (DELEGADO), en el cual no ha tenido parte el cliente, por cuya razón, no daña ni aprovecha a éste último de conformidad con el artículo 1166 del Código Civil.
b) El contrato entre el despacho de abogados (DELEGANTE) y su cliente (DELEGATARIO), cuyos términos no dañan ni benefician al/los abogado/s dependientes de aquél.
c) La relación contractual que se produce entre el abogado dependiente (DELEGADO) y el cliente del Escritorio Jurídico (DELEGATARIO), cuando aquél (delegado) acepta las obligaciones que el despacho de abogados le ha asignado para cumplir en beneficio del cliente.
Del esquema anterior, y por aplicación de los artículos 1323, 1325 y 1327 del Código Civil, se comprueba en el caso sub judice la existencia de una relación de delegación pasiva simple. En consecuencia de lo anterior, las relaciones jurídicas habidas el despacho-cliente y el despacho-abogado deben tenerse como independientes unas de otras.
Podemos dejar entonces establecido en este pequeño artículo la posibilidad y procedencia de que el escritorio jurídico contratado reclame para sí los honorarios causados contra el cliente, y la inviabilidad que lo propio ocurra con los abogados particularmente ligados a algún asunto.
Esperamos sus comentarios.

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~ por mimoviz en enero 31, 2007.

4 comentarios to “Los Servicios Profesionales Colectivos.”

  1. preved ot slesarya Vasi

  2. no todos los colectivos son perniciosos, el individualismos es el mayor germen de la descomposición social…

  3. jotbun tsrd cyvjfh hevs vjqtwaekf wlcphmn lvezyq

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